Decreto con fuerza de ley

¿A qué nos enfrentamos cuando un gobierno, amparándose en las vagas disposiciones constitucionales, se arroga el derecho de promulgar decretos-leyes? Definir este papel, que lleva aparejada la invasión del Ejecutivo para hacerse con los recursos de los poderes legislativos, y en qué modo esta forma jurídica socava la separación de poderes en que se asientan las constituciones democráticas occidentales es, cuanto menos, acuciante. El creciente empleo de este recurso por parte de los Gobiernos incide en el debilitamiento de las democracias, en el menoscabo de las libertades (no sólo individuales) y en la progresiva cercanía a las tiranías.
Según tengo entendido, la figura del decreto-ley nace para ser empleada en momentos excepcionales que revisten carácter de urgencia, bien para afrontar extremas complicaciones internas o para afrontar problemas internacionales que precisan una rápida respuesta. Pensemos en una catástrofe interna —un terremoto, la erupción de un volcán— que haga del todo punto necesario el edicto de nuevas leyes que no recogen la norma jurídica del país. Imaginemos una invasión militar por parte de una potencia extranjera. O una crisis repentina que lleve aparejada el colapso del sistema financiero. Es para esos momentos, para dar la solución adecuada e inmediata a situaciones no habituales no contempladas en los códigos legales, por lo que se pone a disposición del Ejecutivo especiales poderes que le permiten edictar —con mayores o menores cortapisas— una serie de medidas que no precisan ser tramitadas por la Cámara apropiada (en el caso español, el Congreso).
Sin embargo, llevamos unos años en los que la figura del decreto-ley se está empleando sin que pueda alegarse tal necesidad acuciante. Sirve entonces como vehículo para que el gobierno tenga la potestad de emanar una serie de medidas que escapan al control cameral, en donde no siempre el grupo gobernante tiene la plena mayoría —y donde, por tanto, es esperable cierto debate u oposición a sus decisiones. En la práctica, con semejante esquiva del control impuesto por la separación montesquieana, la cercanía a la dictadura es pavorosa.
Voy leyendo poco a poco sobre el tema. La comprensión del derecho constitucional para quien no tiene formación en derecho es árdua y trabajosa, pero no por ello menos interesante. Para cuando haya terminado de comprender bien su funcionamiento, a buen seguro viviremos en dictaduras autodesenmascaradas.