El 19 de enero de 1995 ocurrió el sismo de Kobe, Japón, uno de los terremotos más devastadores de la historia. En general las consecuencias de los sismos son evaluadas en número de víctimas: Shaanxi, China 1556, 830.000 víctimas; Calcuta, India 1737, 300.000; Lisboa, 1755, 60.000; Mesina, Italia 1908, 85.000; Tokio-Yokohama, 1923, 143.000; Añadir, Marruecos 1960, 14.000; Ancash, Perú 1970, 52.000; Tang-Shan, China 1976, 400.000; Irán 1978, 25.000; México, 1985, 10.000; Armenia 1988, 25.000.
Pero el sismo de Kobe, aparte de los 6.000 muertos y los 30.000 heridos, tuvo nefastas consecuencias de carácter económico: dejó a 300.000 personas sin hogar, destruyó o dañó severamente 100.000 edificios, se produjeron 148 incendios que destruyeron un área de 65 hectáreas y los daños se estimaron inicialmente en 200.000 millones de dólares. El caso de Kobe es particular, porque en Japón se consideraba que era una zona de riesgo sísmico moderado. Los hechos demostraron lo contrario: Kobe se encuentra en la zona de encuentro de cuatro placas tectónicas.
Por otro lado, Kobe es un importante puerto en el Pacífico en el que se produce el comercio e intercambio de bienes provenientes de los países del sudeste asiático, (los tigres asiáticos) y Japón. También se producen intercambios que reconducen los bienes de exportación de esos países a los EEUU. Las consecuencias de la inoperatividad de ese puerto hicieron que las pérdidas económicas puedan ser estimadas en otros 200.000 millones de dólares adicionales, lo cual incidió en la crisis económica de los países del sudeste asiático.
Kobe es también una ciudad que ha sido severamente afectada por flujos torrenciales en el pasado, y que tiene un complejo sistema de prevención y control de estos destructivos flujos.
Como se puede observar, las consecuencias de los desastres naturales pueden ser muy significativas y destruir en pocos segundos, inmensos y sostenidos esfuerzos económicos de los países. Para hacer viable el desarrollo debe considerarse la gestión del ambiente y de riesgos. La prevención de desastres se asocia a la lucha contra la pobreza, a la educación y al fortalecimiento de las instituciones públicas.
Los desastres en América Latina han contribuido a frenar el desarrollo. Basta recordar los terremotos de Managua (1972), México (1985), San Salvador (1986), las erupciones de Chichonal (México, 1982), Nevado del Ruiz (Colombia, 1985), huracanes e inundaciones: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 1974, 1983, 1991, 1992, 1996, Vargas 1999, Bolivia 2003. Han afectado economías y sociedades, causando muerte, destruyendo infraestructuras, industrias y tradiciones culturales, empeorando el paisaje natural y el urbano. Lo peor es que mientras más pobres son las comunidades, más devastadoras son las catástrofes. Como si no fuera ya una catástrofe la pobreza.
Para que se produzca un desastre, además de la acción de la naturaleza, debe ir asociada la vulnerabilidad generada por el hombre, depende de lo inseguro que sean asentamientos e infraestructuras que consigue a su paso el fenómeno natural. La vulnerabilidad aumenta por la ocupación irracional del territorio, el crecimiento de la población, las carencias en dotación de viviendas e infraestructura, los procesos de degradación ambiental, y por debilidades institucionales, un viejo problema. Esto sin mencionar la ausencia de seguros para minimizar pérdidas. El efecto es más destructivo porque lo que se pierde siempre será mucho para los pobres.
Lograr una solución total e inmediata implicaría reconstruir una muy significativa parte de las ciudades y de nuestra cultura, así como recuperar el ambiente.
Esto es imposible a corto plazo. No es un asunto solamente de decretos, ni de leyes ni de voluntarismo. Son vitales la educación, la preparación social, las normas y su cumplimiento, la institucionalidad, el respeto a la formación académica y científica para la toma de decisiones, pero también, la pertinencia de la investigación, la comprensión adecuada y los esfuerzos necesarios por parte de las instituciones que atienden esta problemática.
Los esfuerzos que se hacen en Venezuela por hacer prevención de desastres son escasos. No hay suficientes centros de formación e investigación, no hay suficiente rigurosidad científica y técnica. Hoy numerosos desconocedores del problema se autodenominan expertos en riesgo, despreciando los más elementales principios estadísticos que acompañan estas disciplinas para la toma de decisiones. Para más preocupación, iniciativas emprendidas en los últimos cuatro años se ven desmanteladas por incomprensión e inoperatividad de algunos funcionarios ministeriales.
La producción y el comercio son vitales para el desarrollo y la consolidación de las economías, pero sin políticas que entiendan la complejidad de la pobreza, el ambiente y los riesgos, todo se puede desvanecer en segundos, como un castillo de naipes.
Pero el sismo de Kobe, aparte de los 6.000 muertos y los 30.000 heridos, tuvo nefastas consecuencias de carácter económico: dejó a 300.000 personas sin hogar, destruyó o dañó severamente 100.000 edificios, se produjeron 148 incendios que destruyeron un área de 65 hectáreas y los daños se estimaron inicialmente en 200.000 millones de dólares. El caso de Kobe es particular, porque en Japón se consideraba que era una zona de riesgo sísmico moderado. Los hechos demostraron lo contrario: Kobe se encuentra en la zona de encuentro de cuatro placas tectónicas.
Por otro lado, Kobe es un importante puerto en el Pacífico en el que se produce el comercio e intercambio de bienes provenientes de los países del sudeste asiático, (los tigres asiáticos) y Japón. También se producen intercambios que reconducen los bienes de exportación de esos países a los EEUU. Las consecuencias de la inoperatividad de ese puerto hicieron que las pérdidas económicas puedan ser estimadas en otros 200.000 millones de dólares adicionales, lo cual incidió en la crisis económica de los países del sudeste asiático.
Kobe es también una ciudad que ha sido severamente afectada por flujos torrenciales en el pasado, y que tiene un complejo sistema de prevención y control de estos destructivos flujos.
Como se puede observar, las consecuencias de los desastres naturales pueden ser muy significativas y destruir en pocos segundos, inmensos y sostenidos esfuerzos económicos de los países. Para hacer viable el desarrollo debe considerarse la gestión del ambiente y de riesgos. La prevención de desastres se asocia a la lucha contra la pobreza, a la educación y al fortalecimiento de las instituciones públicas.
Los desastres en América Latina han contribuido a frenar el desarrollo. Basta recordar los terremotos de Managua (1972), México (1985), San Salvador (1986), las erupciones de Chichonal (México, 1982), Nevado del Ruiz (Colombia, 1985), huracanes e inundaciones: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 1974, 1983, 1991, 1992, 1996, Vargas 1999, Bolivia 2003. Han afectado economías y sociedades, causando muerte, destruyendo infraestructuras, industrias y tradiciones culturales, empeorando el paisaje natural y el urbano. Lo peor es que mientras más pobres son las comunidades, más devastadoras son las catástrofes. Como si no fuera ya una catástrofe la pobreza.
Para que se produzca un desastre, además de la acción de la naturaleza, debe ir asociada la vulnerabilidad generada por el hombre, depende de lo inseguro que sean asentamientos e infraestructuras que consigue a su paso el fenómeno natural. La vulnerabilidad aumenta por la ocupación irracional del territorio, el crecimiento de la población, las carencias en dotación de viviendas e infraestructura, los procesos de degradación ambiental, y por debilidades institucionales, un viejo problema. Esto sin mencionar la ausencia de seguros para minimizar pérdidas. El efecto es más destructivo porque lo que se pierde siempre será mucho para los pobres.
Lograr una solución total e inmediata implicaría reconstruir una muy significativa parte de las ciudades y de nuestra cultura, así como recuperar el ambiente.
Esto es imposible a corto plazo. No es un asunto solamente de decretos, ni de leyes ni de voluntarismo. Son vitales la educación, la preparación social, las normas y su cumplimiento, la institucionalidad, el respeto a la formación académica y científica para la toma de decisiones, pero también, la pertinencia de la investigación, la comprensión adecuada y los esfuerzos necesarios por parte de las instituciones que atienden esta problemática.
Los esfuerzos que se hacen en Venezuela por hacer prevención de desastres son escasos. No hay suficientes centros de formación e investigación, no hay suficiente rigurosidad científica y técnica. Hoy numerosos desconocedores del problema se autodenominan expertos en riesgo, despreciando los más elementales principios estadísticos que acompañan estas disciplinas para la toma de decisiones. Para más preocupación, iniciativas emprendidas en los últimos cuatro años se ven desmanteladas por incomprensión e inoperatividad de algunos funcionarios ministeriales.
La producción y el comercio son vitales para el desarrollo y la consolidación de las economías, pero sin políticas que entiendan la complejidad de la pobreza, el ambiente y los riesgos, todo se puede desvanecer en segundos, como un castillo de naipes.
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